Woynar, Marion

2003 Arqueología y problemática social: Hacia un manejo de los recursos arqueológicos con mayor colaboración de las comunidades. En XVI Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala, 2002 (editado por J.P. Laporte, B. Arroyo, H. Escobedo y H. Mejía), pp.36-47. Museo Nacional de Arqueología y Etnología, Guatemala.

6 ARQUEOLOGÍA Y PROBLEMÁTICA SOCIAL:

HACIA UN MANEJO DE LOS RECURSOS ARQUEOLÓGICOS

CON MAYOR COLABORACIÓN DE LAS COMUNIDADES

Marion Woynar

La reflexión de este ensayo sobre la arqueología y la problemática social nació al estudiar el área del manejo de los recursos arqueológicos en México, especialmente en el estado de Yucatán. La reflexión puede aplicarse no solo a México sino a todos los países de América Latina. El momento histórico por el cual transitamos amerita esa reflexión y se vuelve una prioridad y responsabilidad el construir espacios para poder actualizarnos y comprometernos como arqueólogos en la dinámica social que sirve como contexto de nuestra labor como investigadores.

Este trabajo se enfoca específicamente en la relación entre los arqueólogos, como representantes de instituciones, y las comunidades cuyas tierras ofrecen los vestigios, en cuanto al manejo y la protección del patrimonio arqueológico. Desde el momento que los arqueólogos llegan a unos vestigios arqueológicos para estudiar o emprender una intervención, surgen repercusiones en las comunidades implicadas en el proyecto arqueológico. Las comunidades reaccionan ante un fenómeno que conduce inevitablemente a generar cambios dentro de la comunidad. De esos cambios pueden surgir resistencias, conflictos hacia los mismos arqueólogos. Los problemas directos entre los arqueólogos, o de manera general de la arqueología y las comunidades en el contexto actual, son más numerosos y de mayor violencia, a tal grado que impiden o amenazan la continuidad de la investigación y la protección del patrimonio arqueológico.

Es necesario entender los problemas de fondo en el cuadro académico con el fin de proponer alternativas en el manejo del patrimonio arqueológico, tomando en cuanto la realidad en que se propone. Al tratar de entender los problemas de fondo, los arqueólogos deben hacer frente al surgimiento de cuestionamientos y problemáticas relacionadas con los procesos de la conservación del patrimonio arqueológico: ¿a quién pertenecen las ruinas? ¿Quiénes se benefician de los sitios arqueológicos? ¿Qué valoración tienen y para quién? ¿Cuáles son los factores o raíces de la situación actual que amenazan la protección del patrimonio arqueológico y que producen la resistencia de las comunidades? ¿Qué alternativa previa de plan de manejo de los sitios arqueológicos se necesita para evitar los problemas de destrucción del patrimonio arqueológico inductivos de la intención científica de recorrer el pasado a través de las ruinas?

LOS FACTORES

El patrimonio arqueológico como parte del patrimonio cultural está hoy amenazado con mayor velocidad por la evolución de las sociedades actuales. El contexto histórico mexicano ha llevado a una situación alarmante en cuanto a la protección. Se admite que la política de la protección del patrimonio arqueológico ha sido dedicada ampliamente por años a la posesión centralizada por parte del INAH y al desarrollo turístico con el fin de responder a las necesidades político-económicas del país. El contexto mundial actual ha reforzado esta situación: México, como otros países de América Latina, ha entrando en el círculo de la globalización. La globalización no es un fenómeno nuevo, pues empezó con grandes exploradores como Cristóbal Colón que conectaron a los diferentes continentes entre sí. Pero hoy se aplica el sistema teórico ideológico y económico del neoliberalismo dentro de la globalización, cuya meta principal es acumular el capital en manos de una minoría empobreciendo a la mayoría de la población trabajadora. Este sistema construye contradicciones y trata de manejarlas al mismo tiempo.

Una es la exclusión social: excluye de manera indirecta a todo individuo o grupo humano que no sea suficientemente productivo para el sistema neoliberal. En México, como en el resto de América Latina, la exclusión de las minorías étnicas, los conflictos pluri-culturales provocados forman el gran escenario de esta exclusión. En las zonas rurales se traduce en la marginalidad de las comunidades indígenas y campesinas de México con respecto al sistema de desarrollo nacional. Las reacciones a esta exclusión se hacen por medio de múltiples manifestaciones, guerrillas, marchas, consultas, inconformidad social, etc. “El proyecto capitalista de México no ha aceptado todavía el hecho que la solidaridad étnica puede contribuir a la cohesión social y que las técnicas de producción y las costumbres tradicionales sirven como base a formas alternativas de desarrollo” (García Canclini 1995). Sin embargo, las demandas actuales han iniciado la recomposición de la nación mexicana en esta crisis generalizada.

LA ARQUEOLOGÍA Y SU PATRIMONIO EN ESTE CONTEXTO

La arqueología se considera una ciencia objetiva y no contaminada por posiciones políticas, pero la relación entre la política y la ciencia es evidente porque se complementan. Investigadores mexicanos han presentado el papel político de la ciencia claramente utilizado como instrumento de justificación y de valores necesarios para la consolidación de una ideología dominante. El gobierno necesita a la ciencia para usar los recursos naturales y culturales, así como la ciencia necesita de fondos para mantenerse.

En cuanto al asunto de la protección de los recursos arqueológicos, el discurso es doble. Por un lado existe el discurso favorable a la protección. Por otro lado, en la práctica, el discurso neoliberal, usado a veces también por instituciones culturales, no incluye en su memoria histórica el carácter cultural de los recursos sino el de la lógica del capital, abandonando la relación de la vida y la cultura. En consecuencia, todos los sitios arqueológicos que presentan características monumentales no son protegidos por su valor cultural humanista, sino por su potencial para generar ingresos a través del desarrollo turístico.

Los sitios arqueológicos también están siendo amenazados directamente por la privatización. En 1999, el coleccionista Fernández Garza, de Monterrey, un senador del PAN (Partido de Acción Nacional), promovió una nueva ley y modalidad de organización para la protección del patrimonio cultural de México. En resumen, la nueva ley anulaba el pleno derecho del INAH a manejar los sitios arqueológicos y proponía una propuesta que favorecía la privatización de estos últimos como la alternativa más segura para su protección (McClung de Tapia 1999). La reacción negativa de parte de los científicos mexicanos a esta propuesta fue producto de la conciencia del peligro de que algunos perciban a los sitios arqueológicos como una fuente económica no controlada, beneficiando solamente a unos pocos.

LA TIERRA: CORAZÓN DE LOS CONFLICTOS

Las tierras son primordiales tanto para el gobierno como para las comunidades campesinas e indígenas. Todos los arqueólogos que emprendan cualquier intervención en un sitio deben informarse sobre el tipo de sistema de tenencia de la tierra y los derechos de utilización de las tierras de la comunidad donde se encuentra el sitio. Para las comunidades campesinas e indígenas, que representan casi un sexto de la población mexicana, la tierra es indispensable para su subsistencia y es el lugar donde se genera el trabajo. La tierra y sus recursos constituyen la plataforma de la relación conflictiva entre los diferentes actores de la comunidad y los arqueólogos. Los conflictos aumentan cuando el INAH necesita delimitar un sitio arqueológico quitando tierras a la comunidad sin dar a cambio una compensación real por su expropiación.

La legislación de la tierra puede convertirse a veces en un destructor potencial del patrimonio arqueológico. En 1992, El presidente Carlos Salinas introdujo un nuevo procedimiento agrario en el Artículo 27 de la Constitución Mexicana; un procedimiento que pretende la modernización de la agricultura adaptándola a las nuevas condiciones de la economía neoliberal. En el discurso, el principal objetivo oficial es crear una nueva relación con las poblaciones rurales a través de las políticas de desarrollo para mejorar su bienestar económico y social, crear investios e infraestructuras en las zonas rurales y facilitar la protección y conservación de los recursos naturales (Robles García 2001).

La concepción de los ejidos ha cambiado legislativamente; el cambio está en la posibilidad de privatizar las tierras, crear perspectivas de mercados y ventas de tierras internacionales según el sistema económico. Antes de la reforma, esos ejidos eran estrictamente manejados colectivamente y trabajados en beneficio de la comunidad. Esta reforma amenaza no sólo la existencia y la autonomía de las comunidades rurales, sino también la de los sitios arqueológicos. En efecto, muchos sitios arqueológicos se localizan en los ejidos y hoy se encuentran en un sistema de privatización, lo cual significa que pueden ser vendidos e incorporados a un proceso económico generando ingresos a los nuevos dueños. Además, el mecanismo jurídico mexicano llamado PROCEDE que impulsa a las comunidades a privatizar, protege las tierras ecológicamente muy ricas pero excluye los sitios arqueológicos. El INAH asegura defender los sitios arqueológicos en el sistema de PROCEDE, pero la velocidad en que trabaja PROCEDE anula la capacidad del INAH en su defensa (Robles García 2001).

EL TURISMO

En todas partes del mundo, la arqueología mantiene su importancia en el contexto del turismo. Esta apertura del desarrollo turístico cultural impone desventajas que afectan a las comunidades. Una característica mayor es la exclusión de ellas en la participación del desarrollo turístico. Arqueólogos mexicanos han revelado que los proyectos de desarrollo turístico de grandes sitios arqueológicos, así como el manejo de ellos centralizado por el INAH, fueron desarrollados sin relación con las propuestas de planificación, entre todos los actores necesarios para un desarrollo equitativo.

Tampoco se realizaron estudios antropológicos que permitieran evaluar el grado de la realidad social de la comunidad, ni hubo consideraciones para planear un desarrollo sustentable con el apoyo concreta de las comunidades en las decisiones del manejo del sitio. Por ejemplo, pese a formar parte del programa de turismo de la ONU, el plan estratégico de desarrollo de la Ruta del “Mundo Maya” tenía como objetivo principal promover y difundir el patrimonio cultural y atraer el mayor número de turistas hacia los sitios arqueológicos. El “Mundo Maya” es un desarrollo que ha escapado de las manos de los arqueólogos y que ha desestructurado el orden social y territorial, al provocar el nacimiento de una sola economía planteado a nivel macro, y de supervivencia para las comunidades, aumentando los problemas de protección de los sitios, conflictos de las tierras y con las comunidades (Brambila y Crespo 1999:135).

LA RESISTENCIA DE LAS COMUNIDADES

Las actividades principales de cualquier comunidad, es decir las económicas, culturales, sociales, religiosas y rituales, se organizan alrededor de las tierras. Las expropiaciones de las tierras por parte del gobierno constituyen un medio que existe desde la creación del sistema de ejidos. En el contexto actual de necesidad de reafirmar la identidad de un grupo y defender su territorio, las comunidades pueden ver al INAH y a los arqueólogos como otro agente que les puede privar de sus tierras y sus riquezas. Los conflictos que pueden surgir durante un trabajo arqueológico se expresan de varias maneras: resistencias físicas, ataques, falta de cooperación, conflictos entre personas mismas de la comunidad, trafico ilegal de piezas, reivindicaciones de tierras, conflictos, reivindicaciones de los derechos de los pueblos indígenas a manejar sus propios recursos naturales y culturales.

Estos conflictos o acciones dificultan la investigación de los arqueólogos y la protección de los sitios arqueológicos. Para entender los conflictos que existen entre comunidades, arqueólogos y otros actores, y disponer del contexto del sistema de relaciones, hay que tomar en cuenta que la relación que mantiene el individuo con un sitio arqueológico varía totalmente según sus condiciones sociales. Un sitio como espacio recibe un sentido y una inversión según el valor que le dé un individuo, grupo o comunidad. Un sitio para un campesino puede ser una parcela más para hacer su milpa, para un arqueólogo su material de investigación científica, para el gobierno una fuente rápida de ingresos, para un agente turístico un medio de implantar sus hoteles, para una organización un lugar de actividades, para algunos indígenas un lugar sagrado histórico para sus rituales, para otras comunidades una fuente de dinero generado por la práctica del trafico ilegal de piezas arqueológicas.

El desarrollo histórico de la arqueología y de las actitudes de los arqueólogos ha creado una atmósfera de conflicto con las comunidades, corroborada por los contextos nacionales y mundiales de cambios sociales. La exclusión de las comunidades en la participación o responsabilidad de la población es una de las características de los países del tercer mundo, lo que se contrapone a su desarrollo. En México, el monopolio del manejo de los sitios por el INAH o gobierno está ampliamente ejercitado y eso acrecienta la resistencia de las comunidades a la arqueología en general.

HACIA UN PLANTEAMIENTO MÁS ESPECIALIZADO

La rama científica recién nacida llamada “manejo de los recursos arqueológicos”, desarrollada por Cleere, Lipe y McGimsey al final de los setenta, incluye principios como el de valor, beneficio público, conocimiento, respeto e integridad. El recurso cultural como valor histórico tiene atributos asociativos y simbólicos para el grupo que lo elige (Lipe 1989).

En un mundo cada día más global, un acercamiento local se presenta como un punto importante del desarrollo del manejo y está especialmente atribuido a las minorías y grupos indígenas que reivindican sus derechos sobre los vestigios de sus ancestros. En Estados Unidos existe la legislación de NAGPRA (Native American Graves Protection and Repatriation Act). En Nueva Zelanda, el trato de WAITANGI es usado por los Maoríes para exigir sus derechos a participar en el manejo de los sitios arqueológicos. En México, no existen todavía leyes constitucionales que especifiquen estos derechos, pero ya se ha iniciado el proceso con el documento 3.2 de los Acuerdos de San Andrés del EZLN, firmados por el gobierno mexicano y los indígenas en 1996 (Sánchez 1999). Las posturas de los arqueólogos varían sobre si las comunidades pueden participar o no en el manejo de los sitios arqueológicos; algunos dicen que sólo los arqueólogos deben tener pleno derecho al manejo de los sitios, legitimando su trabajo dirigido para el beneficio de la humanidad. Los grupos indígenas o tribales ven este pretexto como simplista para justificar la superioridad de la cultura dominante. Vale más dejar esos pretextos porque estamos viviendo en un contexto mundial globalizador que afecta tanto el trabajo de los arqueólogos como la supervivencia de las comunidades.

Ya se ha propuesto por arqueólogos mexicanos del INAH, introducir en su institución de manera jurídica, institucional, académica y de docencia, la especialidad del manejo del patrimonio cultural o arqueológico como una ciencia que tiene su propio paradigma científico. Uno de los temas que tiene que aparecer en el caso de México, aunque también en América Latina, es el de la colaboración para favorecer la integración de las comunidades al proceso del manejo del patrimonio arqueológico.

DIMENSIÓN JURÍDICA

Desde la dimensión jurídica, en el plan nacional e internacional existen varios artículos, acuerdos y convenios que favorecen el principio de la participación de las comunidades en el proceso de protección y manejo de los recursos arqueológicos que se encuentran en sus tierras.

En México, en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos, e Históricos, el Artículo 2 afirma que el INAH debe organizar o autorizar asociaciones civiles, juntas vecinales o uniones de campesinos como autoridades auxiliares para impedir el saqueo arqueológico y preservar el patrimonio cultural de la nación.

En el reglamento de esta misma ley, el Artículo 1 indica que esas autoridades auxiliares apoyarán a las autoridades federales en el cuidado del patrimonio cultural de la nación, efectuando una labor educativa entre los miembros de la comunidad sobre la importancia de la conservación.

El Artículo 8 señala que las mismas autoridades auxiliares podrán crear o mantener museos regionales y solicitarán la asesoría técnica del instituto competente, quien determinará los métodos que habrán de observarse en los sistemas de construcción, inventario, mantenimiento, etc.

En el ámbito internacional, existen:

El Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por México en 1983, pacto que define la libre determinación de cada pueblo para su desarrollo económico, social y cultural y para disponer libremente de sus riquezas naturales.

En cuanto a las comunidades indígenas, existe el Convenio 169 del OIT (Organización Internacional del Trabajo) ratificado por México en 1990. Este convenio presenta los derechos de los pueblos indígenas y tribales: el Artículo 7, Punto 1, ratifica que los pueblos interesados tienen derecho a decidir sus prioridades en lo que concierne el proceso de desarrollo y que deben ejercer lo más posible, un control sobre su desarrollo económico, social y cultural. Deben de participar en la elaboración, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente. En el Artículo 15, Punto 1, los pueblos interesados en los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse. Los derechos de esos pueblos son de participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos. Estos recursos naturales, incluyen también recursos culturales, ya que la unidad Hombre-Tierra-Naturaleza es indivisible para la cosmovisión de estos pueblos.

Según la planificación del ICOMOS (Consejo Internacional de los Monumentos y Sitios), existen dos cartas:

La Carta Internacional del Manejo del Patrimonio Arqueológico (1990) da los principios fundamentales de esta área de la Arqueología. El Artículo 2 explica que la noción de “conservación integrada” que implica la participación activa de la población, debe de ser integrada en las políticas de conservación del patrimonio arqueológico. La participación debe ser basada en el acceso de los conocimientos, condiciones necesarias a toda decisión. El Artículo 6 trata de la importancia de conservar in situ. Un sitio no puede ser excavado si no existen medios previamente establecidos para conservarlo, eso para evitar que el sitio sea abandonado o expuesto al saqueo. En este sentido, el empeño y la participación de la población local deben de ser considerados como medio de acción para el mantenimiento del patrimonio arqueológico. En algunos casos, es posible confiar la total responsabilidad de la protección y el manejo de los monumentos y de los sitios a poblaciones autóctonas.

La Carta Revisada del Turismo Cultural, Versión 8 abarca los principios para guiar el proceso de conservación y difusión a todos públicos dentro de un desarrollo económico, social, legislativo, cultural, turístico, educativo de los países y de las comunidades. Este proceso debe mejorar la integridad de las comunidades en el contexto nacional e internacional. Son importantes: el Principio 4 intitulado: las comunidades y las poblaciones locales deben de participar en los programas de valorización turística de sitios patrimoniales. Así como el Principio 5 que habla de las actividades de turismo y de protección al patrimonio que deben de beneficiar de manera directa a las comunidades autóctonas.

LA NECESIDAD DE QUE EL PUEBLO PROTEJA EL PATRIMONIO CULTURAL

La creación de un patrimonio cultural es un fenómeno vital para todos los pueblos y se produce a partir de la selección de bienes que van a constituir este patrimonio. En este sentido, la expresión de una cultura se refiere a un concepto filosófico antes que nada: la identidad cultural considerada como conciencia. Las comunidades interactúan con los paisajes, para cambiar o adaptarse a él según sus necesidades. La conciencia de reconocer su propio contexto físico y social crea el carácter activo de la identidad cultural. La arqueología es un motor potencial del desarrollo cultural necesario para el equilibrio del desarrollo de una comunidad. La inadvertencia general de los programas o intervenciones en sitios arqueológicos desaprovechan este aspecto del desarrollo cultural o en caso de que exista, no está integrado de forma adecuada a la comunidad en cuestión.

Puede verse como absurdo que para países del tercer mundo, la arqueología merezca muchas consideraciones cuando la prioridad del país es acabar con la pobreza, el hambre, la injusticia y la supervivencia económica. Pero un sitio arqueológico es uno de los medios a través del cual una sociedad determina su conciencia cultural como pueblo. La memoria, el regreso al pasado que acerca un individuo a las sucesiones de percepciones, es la fuente de la identidad personal (Lowenthal 1985). El pasado representado de manera tangible a través de los vestigios arqueológicos pertenece integralmente al sentido de identidad de cada ser humano.

Hoy, a la hora de la globalización, tener una identidad no es algo adquirido fácilmente, por eso reforzarlo es lo más importante. Todavía más agredidas en su identidad son las comunidades indígenas que todavía son consideradas por muchos, es triste decirlo, como mano de obra barata y como residuos anacrónicos que no saben pensar o pobres supervivencias de interés folklórico y turístico (García Canclini 1999).

En el sentido del refuerzo de la identidad cultural, tiene que operarse en los proyectos arqueológicos un trabajo sistemático de concientización, a fin de sensibilizar a las comunidades sobre la importancia de proteger el patrimonio arqueológico. En efecto, el reconocimiento de su entorno, de sus características, de los hechos de la historia, que les vinculan con su entorno físico, contribuye a desarrollar o a reafirmar su orgullo e identidad cultural (Deslauriers 1992). Esta conciencia de su diferencia suscita el sentimiento de pertenencia y les llevan a querer proteger y valorar sus riquezas.

PROPUESTAS DE CO-MANEJO

Trabajar para que las comunidades participen en el proceso de conservación del patrimonio arqueológico ya no puede considerarse como una “postura política pro-indígena”, sino como una alternativa o estrategia potencial para promover la defensa y la conservación del patrimonio en general, así como el respeto y comprensión mutua entre los arqueólogos, instituciones y las comunidades. El reconocimiento de nuestras diferencias, respetar el derecho del otro, está por arriba del pretexto político étnico (Olivé Negrete y Cotton 1997).

La base del co-manejo, es la colaboración del gobierno, instituciones, arqueólogos y las comunidades en el manejo de los recursos arqueológicos para su conservación, implicando una repartición de las responsabilidades y competencias para la protección del patrimonio, guardando siempre claramente el ejercicio de la autoridad pública y las pautas de uso, acceso y manejo, así como el aporte e influencia equitativa de los diferentes actores en la generación y planteo de soluciones a los problemas, plan de manejo y toma de decisiones (Molinari 2000).

Para la comunidad se enfoca en la aplicación local y endógena de un desarrollo cultural integrado a su desarrollo, incluyendo los términos de desarrollo sustentable a largo plazo. Esta estrategia no se limita a los sitios destinados al desarrollo turístico, sino también a cualquier comunidad vinculada con el sitio donde intervengan los arqueólogos para no limitar el potencial del desarrollo cultural.

El co-manejo debe asegurar la integridad de este patrimonio en su contexto natural, social y cultural, planificando actividades de intervenciones entre los diferentes actores de la comunidad y los externos. La idea es considerar los recursos arqueológicos como componente activo del desarrollo cultural, necesario para el equilibrio general de una comunidad.

Es importante la colaboración interdisciplinaridad como una herramienta básica para la realización del co-manejo. En particular, el aporte de la antropología social permitirá revelar una mayor comprensión de las causas, procesos, organización comunal y evidenciar las relaciones de los actores hacia el sitio arqueológico.

Se deben plantear previamente las problemáticas antes de la planificación de co-manejo: ¿Bajo qué criterios se pueden detectar la capacidad de una comunidad para participar en el co-manejo? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cómo despertar la conciencia de responsabilidad de cada individuo o comunidad para proteger al patrimonio arqueológico? ¿Cuáles son los principios y objetivos de fondos necesarios para la congruencia del manejo de los recursos arqueológicos, entendiéndolos como parte de una estrategia para resolver los problemas de conservación? ¿Cómo conservar la cultura viva, transformando el patrimonio en un patrimonio activo y dinámico mejorando el bienestar de la población y su entorno?

En la congruencia de la identificación de problemáticas científicas, sociales y políticas actuales en cuanto al manejo de los sitios arqueológicos, este co-manejo presenta los siguientes objetivos:

1. Integrar de manera más productiva la participación de la población de las comunidades en el proceso de la protección del patrimonio arqueológico, viendo esta posición como una alternativa potencial para trabajar contra la destrucción del patrimonio cultural.

2. Contribuir al desarrollo cultural local y endógeno de una comunidad, inherente a su desarrollo económico y social, favoreciendo el nivel de vida material y espiritual de los individuos que forman parte de la comunidad.

3. Generar en el ámbito local una retroalimentación de la dinámica cultural y de la toma de decisiones de manera independiente sobre este marco de la protección del patrimonio arqueológico. Y así favorecer la integración de las comunidades indígenas o campesinas a la dinámica general del país.

4. Cambiar la relación, actitudes y borrar la división entre la arqueología y las comunidades, evitar conflictos interculturales, contradicciones y favorecer un escenario propicio para la conservación y defensa del patrimonio arqueológico e histórico, basado en la coparticipación donde los responsables permanentes y comprometidos con la conservación del sitio en un plazo mediano sean los propios ciudadanos de las comunidades y los arqueólogos sus colaboradores profesionales.

5. Mejorar un equilibrio social de manera más efectiva para los sitios abiertos al público desde el desarrollo sustentable, respondiendo a las necesidades de la comunidad: alimentación, educación, salud, justicia, costumbres, etc.

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS PARA LA PLANIFICACIÓN DEL CO-MANEJO

El diagnóstico participativo permite primero conocer la realidad de la comunidad donde se planea el co-manejo, a través de la participación activa de la población en esta actividad. Es una herramienta para suscitar en la gente la conciencia de su propia realidad, sus recursos y soluciones potenciales ante problemas que ellos expresan. Y también suscita en ciertas comunidades el auto-reconocimiento cultural. Facilita el diálogo entre la comunidad y los actores externos que intervienen en el proceso. La participación de la comunidad es un medio por lo cual se puede incrementar la eficiencia productiva. La idea central es que las personas se involucren en el proceso de protección del patrimonio, y que vean la participación comunitaria como un derecho para realizar acciones colectivas, organizadas localmente.

Uno de los retos es que las comunidades sean protagonistas de sus problemas y soluciones ante la realidad, en vez de una comunidad pasiva dependiente de decisiones, servicios inadecuados caritativos o asistenciales del exterior (Marín Jiménez et al. 2000).

Es siempre importante tomar en cuenta que este diagnóstico refleja el aspecto de auto-diagnóstico; es decir, que ofrece un acercamiento de la realidad desde la perspectiva de la comunidad misma, aspecto basado en la consideración de los conceptos “etic”, refiriéndose a los conceptos e ideas que son comunes a todas las culturas y “emic”, que se refiriere a conceptos propios a una cultura (Berno 1996). Esta perspectiva genera informaciones más reales, complejas, auténticas, validas y útiles para la planificación del co-manejo más adecuado a la comunidad. Esto es primordial en los planes de manejo turístico, porque permite saber y usar la representación del turismo, así como su relación con el sitio.

Las acciones y técnicas metodológicas para realizar un diagnóstico participativo dependen de varios criterios: el contexto de la comunidad, sus capacidades, el grado de resistencias ante lo de fuera y la relación entre los arqueólogos o antropólogos y la comunidad. El investigador debe establecer estas pautas metodológicas en función de las condiciones del contexto de la comunidad. Una es fundamental:

Desde la auto-formación ética y concientización previa del mismo antropólogo o arqueólogo, se tiene que tomar en cuenta el grado de conciencia, organización, identidad cultural y apropiación de la comunidad con respecto al sitio, pues casi siempre será necesario concientizar a las comunidades sobre la importancia de proteger el patrimonio arqueológico, difundiendo los conocimientos históricos e ideológicos por los cuales se refuerce el reconocimiento e identificación de la comunidad al sitio, con el fin de suscitar la retro-alimentación de esos principios necesarios para la continuidad del desarrollo cultural para la supervivencia de un grupo.

Esta concientización puede operarse durante las temporadas de campo de un proyecto arqueológico por los mismos arqueólogos a través de talleres de sensibilización al patrimonio arqueológico. Optimiza equitativamente la distribución del presupuesto del proyecto al despertar la responsabilidad de los habitantes de la comunidad. El valor educativo es muy importante, más en los niños, cuyas mentes están dispuestas a recibir y entender valores y cuya imaginación y la integración del sitio a su propia historia es más efectiva.

La realización de estos talleres educativos debería hacerse de manera sistemática con las escuelas de la comunidad vinculada con el proyecto durante la temporada de campo y ser registrada en los informes de los proyectos. En cuanto al resto de la población, para las mujeres como para los hombres, se puede organizar según los grupos, organizaciones que existen en la comunidad, talleres, reuniones, actividades en cuanto a la identidad cultural, conocimientos del sitio, trabajo de los arqueólogos.

Los resultados de este diagnóstico participativo servirán entonces de base para determinar y jerarquizar las áreas potenciales expresadas por la comunidad para el funcionamiento de manejo con apoyo de los profesionales. La planificación del co-manejo debe ser lo más adecuado a las demandas o propuestas de la comunidad sin olvidar los objetivos previos. La propuesta y evaluación de esta etapa, debe realizarse con una mayor colaboración entre la comunidad y las autoridades profesionales proponiendo planes de manera equitativa sin perjudicar el ejercicio de la autoridad pública.

De hecho, las acciones del diagnóstico participativo se realizan de tal manera que la gente genera las problemáticas, demandas, preguntas, a las cuales los profesionales pueden proponer la respuesta técnica. El grado de participación de la comunidad al manejo final se va a expresar según varios grados. El grado más bajo de participación o control ocurre cuando una comunidad no expresa ningún tipo de interés hacia el sitio y que sus recursos pueden ser expropiados. El grado más alto de control se da cuando la comunidad está capacitada para manejar su recurso de manera independiente y que sus recursos culturales son totalmente controlados por ella misma. Pero esos grados son los dos extremos. La idea es tener un punto intermedio entre los dos.

Se proponen programas o actividades con las comunidades, así como espacios funcionales y un plan de manejo. Algunos puntos importantes que deben ser considerados son:

1. La creación de un comité comunitario de protección y desarrollo de la zona arqueológica

2. Creación de un museo comunitario local con la idea de conservar in situ, o espacio cultural que contribuye a la vida cultural e intelectual

3. Creación de infraestructuras

4. Programas informativos sobre la conservación y protección legal

5. Programas educativos acerca del patrimonio arqueológico e historia del sitio

6. Programas de capacitación acerca de la administración, mantenimiento, desarrollo turístico y desarrollo sustentable

7. Estimulación de producción de artesanías como producción local

8. Planificación de una caja comunitaria para recuperar una parte de los ingresos que podrían financiar otros proyectos según las necesidades de la comunidad

9. Programas de seguimiento en relación con los arqueólogos o profesionales basados en el diálogo creando una colaboración de confianza y respeto al otro

Es primordial tomar en cuenta el “carácter único” de una comunidad relacionada con su sitio. Cada caso tiene sus propias resistencias, conflictos, capacidades, conciencia, motivaciones, etc. La estrategia de co-manejo debe seguir la flexibilidad y adaptarse a cada comunidad. Por ejemplo, una comunidad indígena o campesina no ofrece las mismas condiciones, ni se debe de planear de la misma manera un co-manejo si se trata de un sitio destinado a ser abierto al público, o si es un sitio elegido por la comunidad para su desarrollo propio. Cada comunidad también reaccionará de manera distinta durante el proceso de la estrategia de co-manejo. Puede ser que una comunidad que muestre rechazo al principio, cambie totalmente de actitudes o viceversa.

Este plan de co-manejo no tiene reglas fijas pero sigue una ética de base: por el contexto que afecta tanto el trabajo de los arqueólogos como la supervivencia de las comunidades, se considera como camino real la colaboración, el diálogo y el respeto al otro, para promover la participación de las comunidades en el manejo de los recursos arqueológicos como estrategia potencial para replantear un escenario propicio para la protección del patrimonio arqueológico y el desarrollo cultural.

CONCLUSIONES

Para finalizar, se debe enfatizar la responsabilidad del arqueólogo como científico. Es tiempo de replantear a partir de la reflexión individual o colectiva sobre ¿cuál es el verdadero papel y deber del arqueólogo? Preguntémonos ¿a quién sirve lo que estoy haciendo? ¿Para qué sirve mi ciencia en el mundo en el cual vivo? La pregunta siendo fuera del paradigma científico se vinculará con la relevancia social. Infortunadamente, ésta es muchas veces depreciada por los arqueólogos (Gándara 1992). Actualmente, el arqueólogo debe asumir la ética que abarca el único uso valido de su disciplina en su contexto social: el de compartir su conocimiento con los otros seres humanos de manera equitativa y que les beneficie a cada uno en la búsqueda de su identidad, a través de la recuperación de la memoria histórica. El arqueólogo debe abrirse a las necesidades de la realidad en la cual está trabajando y trabajar en función de ella hacia un cambio de relaciones y comportamientos. Nuestras acciones o actitudes de la vida laboral en relación con las comunidades deben responder a favor de lo que un arqueólogo desea proteger, que no son sólo los vestigios del pasado sino también la presencia del hombre a través de la diversidad de las culturas.

La actitud del arqueólogo en favor de esta ética es fundamental para la continuidad de nuestra labor y no debe corromperse por motivos políticos y económicos. Va más allá de eso, está en lo esencial de la humanidad.

No hay que esperar los cambios académicos legales para empezar a trabajar en esta perspectiva. No puede seguir siendo una de las mayores motivaciones de los gobiernos para emprender el trabajo arqueológico, hacer de los sitios arqueológicos una fuente únicamente de ingresos pecuniarios nacionales. Los arqueólogos no tenemos que seguir siendo reducidos a simples funcionarios o albañiles de la restauración de zonas monumentales, desvinculados del proceso histórico. Necesitamos de la población para que el desarrollo cultural sea activo, no pasivo o cerrado en un museo y para mostrar que el Mundo Maya no sólo existe a través de los sitios monumentales. Debemos favorecer la participación activa de la población y en particular de las comunidades, en el proceso de la memoria de un pasado vinculando con la cultura intangible actual. “Creemos que existe una relación entre los extremos que se da entre, Fragmentación / Posesión y entre, Interrelación / Participación y que la relación Fragmentación / Posesión es todavía prioritaria en el manejo de hoy y eso impide un manejo eficaz del patrimonio arqueológico (Molinari 2000).

En el contexto de México, el modelo de co-manejo puede ser considerado todavía como utópico porque su aplicación es poco usual e incipiente. Sin embargo, este plan de co-manejo se reconoce mundialmente como una verdadera alternativa de plan de manejo de los recursos arqueológicos como en los casos de Dinamarca, Nueva Zelanda, Argentina y Tanzania.

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ARQUEOLOGÍA Y PROBLEMÁTICA SOCIAL: